El fiscal general del Perú, Pedro Chávarry, presentó este miércoles (08.11.2018) ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesta compra de votos de parlamentarios para impedir ser destituido en marzo. La denuncia alcanza también a la vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, y a parlamentarios o exparlamentarios oficialistas y de oposición que, por sus cargos, tienen derecho a antejuicio en el Congreso antes de ir a manos de la Justicia.
La acción de Chávarry, quien está en “guerra” con el oficialismo, deriva de los sucesos de comienzos de año, cuando legisladores fueron grabados en video o audios mientras ofrecían prebendas a colegas para que votaran contra la destitución de Kuczynski. Los ofrecimientos, coordinados entre otros por el luego desaforado congresista Kenji Fujimori, fueron grabados por uno de quienes recibieron las propuestas, Moisés Mamani.
Ni Kuczynski ni Aráoz -entonces jefa del gabinete ministerial-, aparecen en las cintas, pero los interlocutores dan a entender que estaban enterados de la trama. El caso erosionó las pocas esperanzas que tenía Kuczynski de no ser destituido por un Congreso que lo acusaba de “incapacidad moral” por sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, lo que lo llevó a renunciar en favor de su videpresidente, Martín Vizcarra.
Chávarry, acusado por sus subalternos de hacer parte de una red de corrupción que operaba en el aparato judicial, es señalado como un supuesto aliado de FP, cuya máxima líder, Keiko Fujimori, está en prisión provisional mientras se la procesa por supuestos lavado de activos y crimen organizado. Analistas y actores políticos acusan al fiscal general de estar en un intercambio de favores con FP, para que los congresistas de ese partido lo blinden e impidan una destitución que podría dejarlo en manos de la Justicia a cambio de ayuda para Keiko.
En las consideraciones finales de la denuncia, publicada por la prensa local, se dice que la “presente investigación versa sobre presuntos actos de corrupción en los que se encuentran involucrados desde el más alto funcionario del Estado y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo, situación que trajo como consecuencia, además de una crisis del aparato estatal, la renuncia obligada del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski”.
Lgc (dpa/perú21)
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América del Sur: escándalos judiciales de expresidentes
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
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Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
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Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
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Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
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Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
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Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
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Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
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Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
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Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
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Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
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Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de ‘ruptura del orden democrático’.
Autor: Diana Vicente
