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Amnistía Internacional concluyó que no sólo los grupos armados progubernamentales han perpetrado ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua, también lo han hecho las fuerzas policiales bajo la coordinación del Estado, a cargo del presidente Daniel Ortega.
“El presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el informe de 56 páginas, el segundo que elabora en torno a la crisis del país centroamericano desde el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas por una reforma al sistema de pensiones, la ONG sugiere que los levantamientos de cadáveres y las autopsias no son realizados “con las diligencias mínimas”.
En particular, denuncia que de las seis posibles ejecuciones extrajudiciales que ha detectado, en tres casos el levantamiento del cadáver “no se realizó conforme al estándar internacional”.
AI apunta que en cinco de los seis posibles asesinatos documentados, o no se realizó la autopsia o se hizo de manera deficiente.
“Las autoridades deben desmantelar y desarmar ia todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones, en su caso. En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.
La nueva investigación alerta que el gobierno no sólo mantuvo la represión, sino que intensificó su estrategia para detener las protestas y castigar a los que participaban.
“El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo (también esposa del mandatario) han dirigido esta estrategia demonizando a menudo a quienes protestan para justificar la represión violenta y negando cualquier violación de derechos humanos”, dice la organización.
“Con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su pueblo, el presidente Ortega ha empeorado la crisis”
Erika Guevara
Directora para las Américas de AI
El reporte también asegura que policías y grupos parapoliciales están armados con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, incluso lanzagranadas portátiles PG-7. El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública.
“Aunque algunas de las personas que protestaban usaron morteros de fabricación casera y, según informes, una minoría recurrió al uso de armas de fuego, esto no justifica que las autoridades usaran —de forma generalizada, desproporcionada y en su mayor parte indiscriminada— medios letales contra todas las personas”.
- El Dato: El informe se basa en visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica realizadas en julio y septiembre, en las que Amnistía Internacional hizo 115 entrevistas.
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