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El exmagistrado también solicitó como testigos al fiscal general Néstor Humberto Martínez, a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, a los magistrados José Luis Barceló, Luis Guillermo Salazar, Eugenio Fernández, Eyder Patiño, Luis Antonio Hernández, entre otras personalidades.
Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema.
Más de 90 testigos fueron solicitados por el exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, quien en septiembre del año pasado fue capturado por, supuestamente, ser uno de los cerebros del sonado caso del cartel de la toga. Son varias las personalidades que el Juzgado Décimo de Conocimiento de Bogotá deberá evaluar con el fin de establecer qué declarantes acepta y cuáles no. Uno de ellos es el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, quien se encuentra en Estados Unidos.
A través de su abogado, Álvaro Luna, el exmagistrado también pidió como declarantes a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, al periodista y escritor Juan Gossaín, al abogado y profesor Dagoberto Charry, así como al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su antecesor Eduardo Montealegre Lynett, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, el exgobernador Juan Carlos Abadía, el secretario de la Cámara de Representantes Juan Pablo Duque, el exsenador Julio Manzur y su hijo, Wadith Manzúr, también fueron solicitados como testigos del exmagistrado.
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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte es investigado porque, al parecer, fue uno de los cerebros de la organización conocida como el cartel de la toga. Según la Fiscalía, Ricaurte, junto al exmagistrado José Leonidas Bustos, al magistrado Gustavo Malo y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, “dirigieron una organización (…) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública”.
Ricaurte fue llamado a juicio en diciembre pasado por la Fiscalía. El ente investigador señala que dicha “organización” nació en 2013, en una reunión en que José Leonidas Bustos presentó a Ricaurte con Moreno -quien tres años más tarde llegaría a ser jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez-. Ricaurte y Bustos, asevera el ente investigativo, “eran quienes tenían los contactos, generalmente políticos, especialmente congresistas y gobernadores”. Por una razón: sus casos los llevaba la Corte Suprema.
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“La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus ‘clientes'”, indicó la Fiscalía. Y agregó: “Todo lo anterior con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos”.
Ricaurte es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada. Ricaurte, por su parte, no aceptó cargos durante la audiencia de imputación y, por medio de su abogado, siempre ha rechazado cualquier injerencia inapropiada en la administración de justicia.
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