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Sin escuchar el rechazo de más de 15 cámaras empresariales del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional impuso el martes la creación de la todapoderosa Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), con 73 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Pese al alcance que Enimex tendrá en la actividad productiva, comercial y exportadora del país, la ley creadora fue aprobada a toda prisa por el régimen en medio de una de las peores crisis sociopolítica que enfrenta desde que llegó al poder hace once años.
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El proyecto de ley apareció el 14 de octubre y desde entonces esta ha sido duramente cuestionada por la empresa privada, que pidió al régimen de Daniel Ortega que la misma fuera retirada de la Asamblea por la repercusión negativa que tendrá en una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos años: las exportaciones.
Sin embargo, el martes en un claro desafío al rechazo de la empresa privada, la aplanadora sandinista llevó al hemiciclo un grupo de fanáticos para que hicieran barra y aplaudieran los discursos a favor de la aprobación de la polémica ley de los diputados orteguistas José Figueroa, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro.
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La ley fue aprobada un día después que la exembajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, alertara sobre que “el régimen está actuando como si pudiera reemplazar al sector privado con empresas estatales. Un país con la historia de Nicaragua sabe que ese camino conduce al desastre”.
Grandes facultades
Y es que Enimex no solo tiene facultades para importar y exportar, sino también va a ofrecer servicios, incluido el de almacenaje, depósitos aduaneros, servicio de transporte de mercancías y participar en cualquier actividad comercial.
En este negocio hay ya un sinnúmero de empresas privadas, lo que ha levantado suspicacia por una posible competencia desleal.
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A Enimex también se le otorgó el poder de abrir sucursales en todo el país, así como asignar representantes en el exterior.
En un intento por aplacar la queja del sector privado, el régimen solo le quitó a Enimex los beneficios fiscales y desapareció del proyecto de ley el término “discrecionalidad” que a la empresa estatal se le daba en sus operaciones comerciales.
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en un amplio comunicado rechazó hace un par de semanas la creación de dicha empresa y demandó el retiro de dicha iniciativa de ley de la Asamblea Nacional, que ahora es una realidad.
En la misiva el bloque empresarial afirmó que desde que se conoció el proyecto este estaba creando “inseguridad jurídica, limita las inversiones privadas, pone en riesgo la sostenibilidad y eficiencia de los procesos exportadores e importadores que el sector privado ha manejado de manera efectiva en los últimos 28 años y que han generado beneficios tangibles para Nicaragua”.
Recurrirán contra ley
Aun así, el régimen impuso el martes su todapoderosa empresa comercial, que a criterio del gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, vendrá a destruir todos los esfuerzos que el sector privado ha hecho para diversificar la matriz exportadora y la búsqueda de mercado.
Arana dijo que ahora que la ley fue aprobada van a revisar artículo por artículo y seguramente procederán en contra de ella legalmente ante la Corte Suprema de Justicia, aunque estén claros de que este poder del Estado está también controlado por el orteguismo.
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“Creo que lo que pretenden es someter al sector privado para que acepte de alguna manera volver al mismo modelo que teníamos de convivencia y realmente eso ya no es posible. El sector privado está claro de que aquí debe haber una negociación política para salvar la economía y no es con ese tipo de propuestas que van a lograr lo que andan buscando”, afirmó Arana.
Tras casi once años de una especie que se conoció como “luna de miel”, desde el 18 de abril de este año el sector privado —representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)— mantiene una relación complicada con la dictadura, luego que esta ordenara masacrar a más de trescientos nicaragüenses que protestaron en rechazo de la reforma a la seguridad social.
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Ortega, además de encarcelar a cientos de nicaragüenses para aplacar las protestas ciudadanas que ahora exigen su salida del poder, ha saqueado los negocios de la empresa privada, invadido sus propiedades, chantajeado al sector financiero y ahora le impuso una empresa estatal que tiene amplios poderes en un negocio que por años ha sido exclusivo del sector privado.
Arana: Enimex es Albanisa
Durante la aprobación de la Ley Creadora de Enimex, Wálmaro Gutiérrez aseguró que dicha empresa vendrá a darle impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para que incursionen en el mercado exportador.
“La bancada del FSLN está a favor de los micro, los pequeños, la micro y pequeña empresa, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños productores”, aseveró.
Por años, Ortega le dio la espalda a las mipymes, para favorecer al gran capital con leyes que fueron aprobadas a la medida de ese segmento empresarial. En paralelo, el régimen socavaba las bases de la democracia que hoy han convertido a Nicaragua en un país antidemocrático.
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Sin embargo, Arana va más allá del argumento del orteguismo. “Es una ley hipócrita, creo que es una ley que utiliza el argumento de que quiere favorecer a las pequeñas empresas para reconstituir Albanisa, porque ya no puede existir Albanisa, por las sanciones que hay contra PDVSA (Petróleos de Venezuela SA)”, enfatizó.
Albanisa fue el brazo de operación y manejo de la cooperación de Venezuela. El accionista mayoritario es PDVSA, que está en la lista de entidades venezolanas sancionadas por Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos por parte del presidente Nicolás Maduro, quien al igual que Ortega ha reprimido a su pueblo para retener el poder, además de los actos de corrupción sobre los cuales es señalado.
Dentro de Albanisa operaba Albalinisa, que era la encargada de exportar a Venezuela los productos con los que Nicaragua pagaba parte del petróleo que procedía de ese país.
Dada las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. y tras la caída de la cooperación de Venezuela, Albanisa ha perdido protagonismo y por esa razón Arana considera que surge Enimex, en un intento por esquivar el bloqueo de Estados Unidos, que prohíbe a los estadounidenses realizar operaciones directas o indirectas con PDVSA, inclusive con aquellas donde esta sea accionista.
No es lo mismo Enimex que Eniminas
Otro de los argumentos que defendió el orteguismo para imponer su ley fue que las críticas contra dicha empresa eran de índoles políticas, porque cuando se creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) no la cuestionaron y además Enimex vendrá a cumplir las mismas funciones que Eniminas.
Arana rechaza ese planteamiento y recuerda que Eniminas se mueve en un espacio cuyos recursos naturales son del Estado y que se encarga de entregar en concesión a privados; en cambio, Enimex pretende incursionar en un negocio exclusivamente de la empresa privada.
La diputada Azucena Castillo coincide con Arana en que en lugar de estar creando ruido a la economía, el régimen debería mejor sentarse a negociar para resolver la crisis sociopolítica, que es la que tiene a la economía en una profunda recesión que ha erosionado las finanzas públicas y tiene desfinanciada una parte del Presupuesto General de la República.
Ponen en riesgo los mercados
La diputada Azucena Castillo, que durante la aprobación de la Ley Enimex fue atacada por el orteguismo debido a sus planteamientos sobre el daño de esa empresa a la actividad exportadora, advirtió que esta puede desbaratar todos los esfuerzos que ha hecho la empresa privada para crear cadenas de valores y abrir nuevos mercados. Castillo recordó que el régimen nunca ha apoyado a las mipymes y muestra de ello es que la administración de las políticas de apoyo ha andado de ministerio en ministerio desde que Ortega llegó al poder.
Castillo, exministra de Comercio, lamentó que se haya decidido afectar la actividad exportadora, que es clave en la entrada de divisas al país.
“No pongamos en problema nuestros principales mercados. Todas las exportaciones van a ir con tinte del Estado y el Estado en este momento está siendo objeto de un escrutinio internacional”, afirmó Castillo, al recordar que la exembajadora Laura Dogu reveló que hay campañas en Estados Unidos para que no se compren productos nicas tras la masacre estatal.
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