[ad_1]
La justicia peruana formalizó una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros por considerarlos “autores mediatos” (con dominio del hecho) de las esterilizaciones forzadas que se produjeron durante su régimen (1990-2000).
Según informó la prens alocal la denuncia fue realizada por la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, ante el Primer Juzgado Penal Nacional y comprende a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
También al exasesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al ex director general de la Región Salud IV de la región norteña de Cajamarca, Segundo Aliaga Pinedo; así como a otras dos personas identificadas como Octavio Marroquín y Magda González.
El fiscal superior Luis Landa ordenó en el pasado mes de abril denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial por este caso y dispuso que los exministros Aguinaga, Costa y Yong sean procesados como coautores de lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2.164 mujeres que aparecen como víctimas.
La Defensoría del Pueblo constató que entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, mientras que no hay cifras oficiales de cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.
Más 2000 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento que se realizó en su mayoría a mujeres pobres de zonas rurales y quechuahablantes, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1990-2000).
La denuncia es por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguida de muerte en agravio de cinco personas y lesiones graves en perjuicio de 2.164 denunciantes.
Perú archiva esterilización “forzada” de 300.000 mujeres en gobierno Fujimori
La justicia peruana reconoció que se esterilizaron más de 300.000 mujeres, casi todas indígenas…
Antes de Marcelita Gutiérrez estuvo el fiscal Marco Guzmán Baca con el caso, quien encontró responsabilidad en el personal de salud, pero no halló autores mediatos, y decidió archivarlo.
“Ya era hora”
La presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima Sur, María Elena Carbajal, manifestó que “ya era hora” que la fiscal se pronunciara, ya que el plazo para que lo haga se había excedido.
“Hemos hecho marchas y plantones pidiendo que se pronunciara. Ahora que lo ha hecho, para nosotros es gratificante y es un paso hacia adelante”, dijo y agregó que en cada cono de Lima, el Callao y Lima Centro existen entre 50 y 80 personas víctimas de esterilización forzada.
La abogada de Demus, María Ysabel Cedano, quien patrocina a un grupo de víctimas, consideró que la persistencia de las afectadas, el pronunciamiento de la ciudadanía en redes sociales, la creación del Registro de Víctimas y las investigaciones como las emprendidas por La República, fueron muy importantes para llegar a la denuncia fiscal.
Defensa del programa
Por su parte el exministro de Salud Alejandro Aguinaga negó los cargos que se le imputan y sostuvo que el programa de control de natalidad fue muy bueno para el país.
“Fue un programa buenísimo que desgraciadamente se dejó de lado. Disminuyó la muerte materna en 40%. Se llegó a poblaciones vulnerables tal como lo habían pedido las reuniones sobre Población y Desarrollo en El Cairo y en Beijing, para que la población decida cuándo y cuántos hijos quiere tener”, manifestó.
[ad_2]
Source link
