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FUNCIONARIOS. Dos ex comisionados del condado de Webb condenado por caso de soborno. En la foto, el día en que se recogieron evidencias en las oficinas del Condado Webb.
Condado Webb, Tx.- Un ex comisionado del Condado de Webb y un ex concejal de la ciudad se declararon culpables de conspiración para cometer un soborno en el programa federal, anunció el primer asistente del abogado de estados Unidos, Tim Braley, junto con el agente especial del FBI a cargo de Christopher Combs.
El ex comisionado del condado de Webb Jaime Alberto Canales, de 51 años, y John “Johnny” Amaya, de 70 años, propietario de JAUC Services Inc. y el ex concejal de la ciudad de Laredo, se declararon culpables ante el tribunal federal de Houston, ambos residen en Laredo.
De acuerdo a los registros federales, Canales admitió al menos en enero de 2015 o en enero de 2017, que una persona dio y aceptó dar cosas de valor para influenciarlo y recompensarlo por sus actos oficiales como comisionado del Condado de Webb y Organización de Planificación Metropolitana de Laredo (MPO).
Canales aceptó cosas de valor, con la intención de ser influenciado y recompensado por su asistencia oficial.
Estas cosas de valor, que incluían cheques disfrazados como contribuciones de campaña y préstamos personales, alojamiento y entretenimiento en la Isla del Padre, asimismo se proporcionaron en relación con negocios y transacciones del Condado de Webb y Laredo por más de 5 mil dólares.
Amaya poseía y controlaba JAUC Service Inc, y desde enero de 2011 hasta abril de 2017 ocupó esta función, tiempo en el cual se reunió y habló con varios funcionarios del Condado de Webb y de la Ciudad de Laredo realizando acciones de beneficencia.
Asimismo, se establece oficialmente que Amaya mantuvo un contacto cercano con los funcionarios que podían ayudar al conspirador y la corporación organizando y admitió que actuó como intermediario entre el conspirador y los funcionarios públicos.
Amaya proporcionó pagos en efectivo, cheques personales disfrazados de contribuciones de campaña, comidas y entretenimiento a estos funcionarios, incluido Canales.
Todos los pagos fueron reembolsados con los fondos corporativos de la corporación, ya sea directa o indirectamente.
Se establece que Amaya también apoyó a candidatos específicos en el ciclo electoral de noviembre de 2016 al proporcionar autos de alquiler, conductores y tarjetas de gasolina para que los vehículos de alquiler transporten a los votantes a las urnas, todo por lo que la corporación pagó.
El Juez de Distrito Sim Lake, aceptó los alegatos y estableció una sentencia para el 14 de febrero de 2019.
En ese momento, Canales y Amaya enfrentan hasta cinco años en una prisión federal y les permitió permanecer en fianza en espera de esa audiencia.
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