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Los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto lanzaron este miércoles en Ginebra, Suiza, un caudal de cifras y nombres de las leyes aprobadas en los últimos años, en materia de derechos humanos en el país; sin embargo, integrantes de organizaciones ciudadanas acusaron frente a los funcionarios que las víctimas de la violencia siguen estando solas, y que no hay un mejor panorama respecto a la realidad de hace seis años.
En el Palacio de las Naciones, más de 100 países emitieron observaciones y recomendaciones a México, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es el segundo EPU en el periodo de gobierno de Peña Nieto. El primero fue en 2013.
Al concluir su exposición ante los diplomáticos, y escuchar la preocupación internacional por los casos de tortura, desaparición forzada, impunidad y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, la delegación que representó al Estado mexicano, encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, se reunió con integrantes de colectivos.
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En un diálogo cara a cara, Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, reclamó al gobierno de Peña Nieto que “es bueno tener voluntad política, pero si no va acompañada de acciones eficaces, es lo mismo que no tenerla”.
Fernández acusó, entre otros puntos, que la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas pone trabas burocráticas para brindar ayuda, y que la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos, en un país con 37 mil desaparecidos o personas no localizadas, apenas tiene 43 empleados
“Es total y completamente insuficiente”, dijo Fernández.
“La invitación al gobierno que está por terminar, y al que llega, es atender estas graves problemáticas. Déjense ayudar, es de verdad preocupante que a 12 años de la guerra contra el narcotráfico, México siga sin tener la capacidad de atender todas las consecuencias derivadas de una falta de actuación eficaz, ante el crimen organizado”, agregó.
“Las víctimas seguimos estando en medio, seguimos estando solas, seguimos esperando verdad, justicia”.
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Fernández señaló que un error del gobierno que se va es el no haber tenido un diálogo en todo momento con las familias de las víctimas, para diseñar e implementar políticas públicas.
Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y madre de José Luis Arana, quien desapareció desde enero desde 2011, reclamó que para su caso, y para el de otras familias, las leyes y datos que da el gobierno no han dado resultados al terminar el sexenio.
“Me da mucha tristeza que hace seis años, me reuní con los entrantes y con los salientes (se refirió a la transición de 2012), y esto está igual. Está igual, señores”, dijo Aguilar.
“La mayoría de ustedes no coadyuvan con las familias (de personas desaparecidas), y pienso que ese es el error, porque lo principal es trabajar en equipo”, agregó.
Michelle Quevedo, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, criticó aún no se ha definido el protocolo de búsqueda de desaparecidos, y que persisten las deficiencias en el tema forense, como lo demostró el caso de los tráilers que estuvieron deambulando por Jalisco.
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Desde México, el #ColectivoEPUmx, conformado por decenas de organizaciones de la sociedad civil, señaló en un comunicado que, tras escuchar las respuestas de la delegación mexicana en Ginebra y las recomendaciones de otros países, se confirma el diagnóstico de que la “crisis de derechos humanos” persiste en México.
Amnistía Internacional, en tanto, emitió el señalamiento de que las medidas adoptadas por la administración de Peña Nieto “han sido claramente insuficientes” para transformar la realidad que enfrenta el país.
“Problemas ya señalados en 2009 y 2013 en ediciones anteriores del EPU, como la falta de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siguen siendo focos rojos de atención a nivel internacional”, dijo Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
“Para cumplir con estas recomendaciones México necesita acciones efectivas, no solo palabras. Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, permanecen a la espera de justicia”.
La senadora Kenia López, representante del Legislativo, dijo en entrevista que el gobierno de Peña Nieto tomó “malas decisiones”, que se reflejan en las decenas de recomendaciones que hicieron los países a México, en el EPU, mismas que la administración de Andrés Manuel López Obrador deberá decidir si acepta, u optar por rechazarlas.
“Ojalá que el nuevo gobierno escuche estas recomendaciones, y la materialice”, mencionó la senadora.
Durante el EPU de este miércoles, en Ginebra, las recomendaciones de los países se centraron en temas como que México debe fortalecer su mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas; establecer una fiscalía autónoma, que no esté sujeta al poder presidencial; tomar medidas para combatir los altos niveles de violencia e impunidad, y lograr un Sistema Nacional de Búsqueda eficiente.
La delegación mexicana, encabezada por Ruiz Cabañas, reconoció que el país enfrenta “retos considerables”, en materia de derechos humanos, que no se niegan o se olvidan, aunque también defendió que se han logrado avances, como la promulgación de leyes generales contra la tortura y la desaparición forzada, y la ley general de víctimas.
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