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La justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva por 36 meses a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, informó un juez.
Al acoger un pedido de un fiscal anticorrupción, el juez Richard Concepción Carhuancho dijo que existía la “sospecha grave” de que Keiko, de 43 años, dirigía una “organización criminal de facto que se ha enquistado dentro del partido” fujimorista, que blanqueaba dinero de origen ilícito, y que “es alto el peligro de fuga”.
“La única medida necesaria en su caso es indudablemente la prisión preventiva”, dijo el magistrado.
El magistrado fundamentó su fallo en base a que existe sospecha de la comisión del delito de lavado de activos agravado por parte de la hija de Alberto Fujimori tras el aporte de 1.2 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht realizó a su fallida campaña presidencial de 2011.
“Se concluye que existe alto grado de probabilidad respecto a la ocurrencia de actos de recepción de dinero de Odebrecht, y actos de disposición de Keiko Fujimori para recepción de dinero”, argumentó el juez.
Desde su punto de vista, la constructora brasileña, que se ha visto envuelta desde hace años en una serie de investigaciones y polémicas por haber entregado dinero a políticos de la región a cambio de beneficios, justamente lo hizo para -de haber salido electa- verse favorecida con licitaciones públicas.
Concepción, en tanto, acusó a Odebrecht de haber ganado millones de dólares en licitaciones debido a conductas fraudulentas de funcionarios estatales.
El juez explicó que Keiko puede ser vinculada con los pagos ilícitos a su campaña debido a que la existencia de la ayuda monetaria fue mencionada por el exgerente de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien -además- reconoció haberle pagado a los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006).
Concepción también acusó a Keiko y a otros 11 de sus colaboradores de formar una especie de “organización criminal” que no sólo intentó ocultar la entrega ilícita de dinero, sino que también tuvo por objetivo “adueñarse” de instituciones públicas, como el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Este proceso judicial complica a Keiko, que quiere volver a postularse a la presidencia peruana. Pero al interior de su partido hay divisiones, la opinión popular es mixta y está peleada con su hermano Kenji, otra figura importante del fujimorismo.
Todo ante la vista de su padre, de 80 años, quien apenas reciba el alta médica deberá volver a la cárcel a cumplir una pena de 25 años por violaciones a los Derechos Humanos.
El renunciado expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó un indulto humanitario la víspera de Navidad de 2017, beneficio que el Poder Judicial peruano revocó, ordenando su recaptura, la que no se concretó debido a un problema de salud.
Pero, de todos modos, Fuerza Popular domina el Congreso peruano y la injerencia de Keiko es tal que incluso se conoció que ordenaba cuándo éstos debían aplaudir alguna alocución parlamentaria.
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